Patentes en las instituciones académicas venezolanas
El pasado 12 de diciembre se realizó en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) el taller “Patentes y Propiedad Intelectual en la Academia”, que tuvo como ponentes invitados a los reconocidos expertos Francisco Astudillo (UGMA) y Leonel Salazar (UCV). Un mes antes se había realizado un primer taller con el personal del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI). La intención de esos talleres: promover la generación de patentes en este instituto.
El IVIC, al igual que las universidades venezolanas, ha producido muy pocas patentes en las últimas décadas. Según estudios del Prof. Jaime Requena, las patentes otorgadas por la Oficina de Patentes de EEUU a la UCV, USB, ULA y al IVIC no pasan de 20 en los últimos 30 años. Lo más preocupante es que muy pocas de esas 20 fueron otorgadas en la última década. El SAPI venezolano no ha otorgado patentes a las instituciones académicas en los años más recientes.
Este hecho tiene varias causas. Sin duda, una de las más significativas es la desmotivación de los científicos y tecnólogos, que no perciben algún interés de sus instituciones por las invenciones.
En Venezuela, de acuerdo a la Ley Orgánica del Trabajo, las universidades y los centros de investigación del Estado son los titulares de los derechos de propiedad intelectual de las invenciones realizadas en sus infraestructuras. Los investigadores tienen, en general, participación en los beneficios generados por la explotación comercial de las patentes.
Pero las instituciones académicas también pueden estar desmotivadas. ¿Para qué invertir cuantiosas sumas de dinero (en el caso de registro en el extranjero) y realizar grandes esfuerzos legales-administrativos para obtener la titularidad de patentes que tendrán pocas oportunidades de ser comercializadas?
Las condiciones jurídico-económicas del país en los últimos años no son las más propicias para establecer nuevas industrias que bajo licencia exploten comercialmente las invenciones. Tampoco existe una fuerte relación academia-empresa que pudiese permitir la explotación de aquellas invenciones afines al sector industrial ya existente, sector que, además, con el transcurrir de los años se hace más pequeño.
Si se patenta en el extranjero, otorgar las licencias de explotación en el país de registro requiere de esfuerzos adicionales y aún mayores que las instituciones posiblemente no pueden realizar.
Con la aprobación de la LOCTI 2010 hace un año la situación de desmotivación se agravó. Ahora, en caso de comercializar una invención originada de investigaciones que hayan sido financiadas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, las instituciones tienen que darle participación en los beneficios al Gobierno. Así lo establece el Art. 26 del Reglamento de la LOCTI 2010. En la práctica este caso es el normal, pues desde la aplicación de dicha ley casi todas las investigaciones realizadas en las instituciones académicas del país son financiadas por ese ministerio.
Que el Gobierno tenga participación en los beneficios es un retroceso en relación a lo que ocurre en países más industrializados (EEUU, Australia y otros), en los cuales el Gobierno no tiene participación alguna y toda la regalía va a la universidad y al inventor.
Revertir la actual tendencia de las patentes en la academia venezolana y, en general, en otros sectores del país requiere de esfuerzos legislativos, ejecutivos, empresariales y universitarios. En particular, es necesaria la intervención activa de los sectores científico y empresarial. Se debe intentar avanzar al país en esta materia, a pesar de la ideología divergente del Estado actual.
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