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En la Memoria y Cuenta de 2011
del Ministerio de Educación Universitaria quedó en evidencia que las
universidades autónomas volvieron a afrontar el obstáculo de la falta de
recursos para la investigación.
Los recortes que ha sufrido el presupuesto para las universidades, reconducido por cuarto año consecutivo, han afectado la capacidad de financiamiento para la producción de conocimientos.
La Universidad del Zulia, por ejemplo, señala que el año pasado no pudo adquirir equipos y reactivos de laboratorio para la Facultad Experimental de Ciencias. "Los recursos institucionales no logran satisfacer ni 10% de la necesidad de los departamentos. Los proyectos de investigación soportan la docencia en gran medida, al igual que la colaboración de los estudiantes", señala el informe.
Félix Tapia, gerente del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la UCV, explica que cerca de 25% de las investigaciones quedó sin financiamiento debido a lo que, en la práctica, ha sido una reducción presupuestaria que se ha aplicado desde 2009. "Los recortes afectan el número de docentes que estudia fuera del país y el desarrollo de los proyectos científicos. En la UCV hemos sobrevivido por el fondo de la Fundación Andrés Bello que recoge el dinero de la Zona Rental", dijo.
Debido al déficit, el CDCH establece una sola convocatoria académica sin financiamiento para la entrega de las investigaciones; en el año 2008 se hacían dos convocatorias. Tapia acota que, de todos modos, la participación sigue siendo alta.
Además, la institución cubre los gastos de sólo 40 becarios en el exterior, la mitad de los que subsidiaban en 2008; y de 24 becarios nacionales, cuando anteriormente podían apoyar al triple de beneficiarios.
La Universidad de Los Andes es otra de las afectadas. En la Memoria y Cuenta mencionan su ausencia en eventos internacionales en perjuicio de la credibilidad y reconocimiento académico. Atribuyen el problema a la eliminación del "gasto suntuario", ordenado por el decreto 6.649 del Ejecutivo.
"Ello conlleva una pérdida de espacio y reconocimiento internacional que afecta la imagen institucional y de país, al no divulgar los avances sobre la aplicación de saberes en la solución de problemas prioritarios y desaprovechar la retroalimentación de otras experiencias", detalla el texto.
La reducción impidió que se atendiera la totalidad de las solicitudes que el cuerpo docente hizo para actualización y adiestramiento profesional.
Marisol Aguilera, presidenta de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, asegura que las universidades han hecho un esfuerzo para encontrar financiamiento por otras vías, pero no ha sido suficiente. "Además, eso es responsabilidad del Gobierno", dice.
Agrega que el discurso del Ejecutivo es que hay mucho dinero para la tecnología, pero eso no se evidencia en la práctica: "Pocos de esos recursos están llegando a las universidades. Estamos en una encrucijada: en otros países la inversión es acelerada, y crecen los índices de productividad en publicaciones y patentes, pero en Venezuela esas cifras van disminuyendo".
Locti ausente. Algunas universidades también mencionan los recursos provenientes de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Memoria y Cuenta del Ministerio de Educación Universitaria.
La Universidad de Carabobo, por ejemplo, recuerda que debido a las modificaciones al marco legal, las instituciones dejaron de recibir recursos del sector empresarial.
Pablo Aure, secretario de la UC, indicó que numerosos investigadores no pudieron solicitar los recursos y deben buscar financiamiento por otras vías. Uno de los proyectos sin dinero es la Implementación del Sistema Integral de Videoconferencias, que beneficiaría a 2.000 docentes y trabajadores administrativos, 10.000 estudiantes de las siete facultades ucistas, además de una comunidad de 14 universidades nacionales e internaciones que la usaron. El proyecto estaba calculado en 155.000 bolívares y estaría terminado dentro de 3 meses y medio.
El gerente del CDCH−UCV recuerda que hace 5 años esa casa de estudios empezó un proyecto de Telemedicina que sobrevive con el remanente del aporte otorgado por una petrolera francesa a través de la Locti en 2007. El déficit ha impedido que se cumpla con el plan de hacer consultas médicas desde diferentes zonas del país.
"Se perdió el objetivo de fomentar investigación y desarrollo en las empresas. Los recursos de la Locti se convirtieron en un impuesto más", destacó.
Los recortes que ha sufrido el presupuesto para las universidades, reconducido por cuarto año consecutivo, han afectado la capacidad de financiamiento para la producción de conocimientos.
La Universidad del Zulia, por ejemplo, señala que el año pasado no pudo adquirir equipos y reactivos de laboratorio para la Facultad Experimental de Ciencias. "Los recursos institucionales no logran satisfacer ni 10% de la necesidad de los departamentos. Los proyectos de investigación soportan la docencia en gran medida, al igual que la colaboración de los estudiantes", señala el informe.
Félix Tapia, gerente del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la UCV, explica que cerca de 25% de las investigaciones quedó sin financiamiento debido a lo que, en la práctica, ha sido una reducción presupuestaria que se ha aplicado desde 2009. "Los recortes afectan el número de docentes que estudia fuera del país y el desarrollo de los proyectos científicos. En la UCV hemos sobrevivido por el fondo de la Fundación Andrés Bello que recoge el dinero de la Zona Rental", dijo.
Debido al déficit, el CDCH establece una sola convocatoria académica sin financiamiento para la entrega de las investigaciones; en el año 2008 se hacían dos convocatorias. Tapia acota que, de todos modos, la participación sigue siendo alta.
Además, la institución cubre los gastos de sólo 40 becarios en el exterior, la mitad de los que subsidiaban en 2008; y de 24 becarios nacionales, cuando anteriormente podían apoyar al triple de beneficiarios.
La Universidad de Los Andes es otra de las afectadas. En la Memoria y Cuenta mencionan su ausencia en eventos internacionales en perjuicio de la credibilidad y reconocimiento académico. Atribuyen el problema a la eliminación del "gasto suntuario", ordenado por el decreto 6.649 del Ejecutivo.
"Ello conlleva una pérdida de espacio y reconocimiento internacional que afecta la imagen institucional y de país, al no divulgar los avances sobre la aplicación de saberes en la solución de problemas prioritarios y desaprovechar la retroalimentación de otras experiencias", detalla el texto.
La reducción impidió que se atendiera la totalidad de las solicitudes que el cuerpo docente hizo para actualización y adiestramiento profesional.
Marisol Aguilera, presidenta de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, asegura que las universidades han hecho un esfuerzo para encontrar financiamiento por otras vías, pero no ha sido suficiente. "Además, eso es responsabilidad del Gobierno", dice.
Agrega que el discurso del Ejecutivo es que hay mucho dinero para la tecnología, pero eso no se evidencia en la práctica: "Pocos de esos recursos están llegando a las universidades. Estamos en una encrucijada: en otros países la inversión es acelerada, y crecen los índices de productividad en publicaciones y patentes, pero en Venezuela esas cifras van disminuyendo".
Locti ausente. Algunas universidades también mencionan los recursos provenientes de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Memoria y Cuenta del Ministerio de Educación Universitaria.
La Universidad de Carabobo, por ejemplo, recuerda que debido a las modificaciones al marco legal, las instituciones dejaron de recibir recursos del sector empresarial.
Pablo Aure, secretario de la UC, indicó que numerosos investigadores no pudieron solicitar los recursos y deben buscar financiamiento por otras vías. Uno de los proyectos sin dinero es la Implementación del Sistema Integral de Videoconferencias, que beneficiaría a 2.000 docentes y trabajadores administrativos, 10.000 estudiantes de las siete facultades ucistas, además de una comunidad de 14 universidades nacionales e internaciones que la usaron. El proyecto estaba calculado en 155.000 bolívares y estaría terminado dentro de 3 meses y medio.
El gerente del CDCH−UCV recuerda que hace 5 años esa casa de estudios empezó un proyecto de Telemedicina que sobrevive con el remanente del aporte otorgado por una petrolera francesa a través de la Locti en 2007. El déficit ha impedido que se cumpla con el plan de hacer consultas médicas desde diferentes zonas del país.
"Se perdió el objetivo de fomentar investigación y desarrollo en las empresas. Los recursos de la Locti se convirtieron en un impuesto más", destacó.
Una pena.
ResponderEliminarSaludos.