TRES EXPERTOS HABLAN ACERCA DE los errores y aciertos que ha habido a la hora de reformar el derecho de autor en Chile, Brasil y México. Un espejo para aprender de la experiencia de los otros.
Chile y el TLC
Al igual que Colombia, Chile arrancó la discusión de la reforma a la propiedad intelectual con el aliento del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos sobre la nuca. A diferencia de Colombia, Chile gastó tres años de arduas discusiones para llegar al texto final de la ley: tres años de viajes por todo el país explicándole a la gente qué iba a pasar con la red una vez fuera firmada la iniciativa; tres años de escuchar, reflexionar y firmar.
Y es que si hay algo para aprender de la experiencia chilena es que la paciencia y el diálogo rinden frutos; que la movilización ciudadana hecha de la forma correcta puede ser un arma poderosa. Hoy en día, Chile es el único país en el continente que ha aprobado una reforma a la propiedad intelectual en la red y que, con ciertos corolarios y altibajos, contempla ambos lados de la historia: el modelo de negocios de la industria y todo lo demás. “Logramos conseguir que la nueva ley no sólo estuviera a favor de los intereses corporativos, sino que protegiera el dominio público, las bibliotecas y el acceso a la información”, dice Claudio Ruiz, director de la ONG Derechos Digitales, líder de Creative Commons en ese país y una de las personas que estuvo al frente de la discusión del lado de la sociedad civil.
Como en tantos otros casos, incluido el escenario colombiano, los contradictores de las sociedades de gestión colectiva (que agrupan y representan los intereses de autores e industria) reconocían que había un vacío legislativo en el campo de los derechos de autor en internet, pero que llenarlo con la premura de la agenda comercial bilateral como principal motor era, no sólo un error, sino una posibilidad que seriamente amenazaría algunos derechos colectivos de todo un país. Ruiz lo dice así: “Nosotros no queríamos defender un modelo de negocio ni un sistema para mantener privilegios del mercado, sino tener una mejor ley de propiedad intelectual. Una ley que no equilibre los dos puntos de vista es simplemente una mala ley”.
Una de las grandes peleas en el debate, al igual que sucede en Colombia, fue establecer cómo se iban a retirar de la red los contenidos que infringen el derecho de autor. En este punto, a diferencia de nuestro país, los chilenos decidieron que si era la ley la encargada de decidir cómo se efectuaba el procedimiento, entonces éste tenía que ser legal, con la participación de un juez desde el principio.
El debate chileno acerca de los derechos de autor en la red incluyó una gran participación de la ciudadanía en el mundo real. Y es que si hay algo común a todas las discusiones acerca de la web es que suelen ser conversaciones hechas para iniciados. Los chilenos lograron que la presión en las redes sociales, el amplio descontento virtual, llegara hasta los legisladores, se hiciera tangible e influyera en la decisión final: “La estrategia no fue que la discusión se hiciera en internet (aunque creamos un sitio web), sino llevar la charla que teníamos con nuestros amigos sobre este tema hacia nuestros padres, hacia la mesa del domingo, y al final hacia el Congreso”, sentencia Ruiz.
Brasil, entre la reforma y la contrarreforma
Lo más extraño es que la primera iniciativa para reformar la legislación sobre derecho de autor fue una propuesta emanada del gobierno, del Ministerio de Cultura de Brasil. Lo más extraño es que era una buena idea.
Fue Gilberto Gil, el famoso cantante, el legendario autor, quien desde su puesto como ministro de Cultura comenzó a impulsar una reforma a la propiedad intelectual brasileña en la red, que no se había modificado desde 1998 y que, entre otras varias cosas, no permitía hacer una copia privada, de uso personal, de un disco o un libro; un país con 190 millones de piratas.
Los brasileños se tomaron cuatro años de seminarios, foros, websites, mesas redondas, debates y conversaciones para construir un borrador de ley que incluía mayores excepciones y limitaciones al derecho de autor, en pro de los intereses colectivos. En el camino, el Ministerio de Cultura adoptó a Creative Commons como la forma oficial de licenciamiento de los trabajos de esta cartera, entre otras disposiciones.
Pero el calendario aceleró el paso y el tiempo de Lula como presidente de Brasil, además del de Gil como ministro, se acabó. Dilma Rousseff asumió como presidenta y en la cartera de Cultura nombró a Ana de Hollanda, también cantante y hermana de Chico Buarque, artista, ícono.
Una de las primeras disposiciones de la nueva ministra fue asumir que después de cuatro años de discusión la voz de los autores no estaba representada en el proyecto y que, por lo tanto, había que frenarlo. En reemplazo del debate abierto, tanto cara a cara como virtual, el Ministerio emitió una serie de formularios para recibir las opiniones acerca del nuevo borrador de la ley, además de habilitar un correo electrónico para el mismo fin. Para algunos, como Carlos Affonso Pereira, coordinador del Centro de Tecnología y Sociedad de la Fundación Getulio Vargas, el proyecto de la hermana de Chico Buarque es una contrarreforma.
Hoy, el proyecto aún mantiene algunas disposiciones ideadas por Gil, pero incluyó un escenario curioso en cuanto al mecanismo para descargar de la red contenido que viole derechos de autor. En Brasil, al menos en el borrador de la ley, puede ser una ISP (empresa prestadora del servicio de internet) o un juez quien dé la orden: no es ni enteramente privado, ni enteramente judicial, sino una suerte de medio, de medio directo a la confusión. La contrarreforma brasileña hará su trámite en el Congreso, aproximadamente, el próximo mes.
“Muchas personas dicen que hay una crisis en la música y la literatura. Es importante no confundir la crisis en los modelos de negocios y las formas de producción de contenido. La música y la literatura están muy bien, pero están cambiando las formas de distribución. Hay que comprender que los derechos de autor no siempre necesitan una autorización y que las demandas por acceso a la educación también están mutando y así mismo lo debería hacer la legislación, que debe combatir los abusos, tanto de autor, como de usuario”, sentencia Pereira.
México, el camino de la no aprobación
“La pelea por los derechos de autor en internet es también una pelea por nuestros derechos fundamentales”. León Felipe Sánchez es académico de la facultad de derecho de la Universidad Autónoma de México y una de las personas que logró que el Congreso mexicano le dijera no a la modificación de la ley de derechos de autor en ese país.
El proceso en México, a diferencia de Brasil y Chile, fue exprés. En cuestión de días, el proyecto de ley fue presentado y, así mismo, en cuestión de días recibió un no por parte de los legisladores. ¿Por qué?
La ley mexicana establecía cosas como que todos los dispositivos que fueran capaces de almacenar obras protegidas por derecho de autor pagaran una suerte de tasa extra, una especie de compensación a la industria. Esto incluye teléfonos celulares, cámaras, computadores. Pero, ¿todo aquel que compra una memoria USB va a violar inexorablemente el derecho de autor?
Mediante una convocatoria masiva, los mexicanos llegaron en tres ocasiones al Congreso para protestar, no sólo por las propuestas de la ley, sino porque ésta fue construida en secreto; el diputado autor del proyecto es un empleado de una sociedad de gestión colectiva. La pelea de la ciudadanía se dio en línea, pero también en vivo y sus demandas tocaron de tal forma a los legisladores, que la iniciativa se hundió sin remedio.
“La industria está preocupada porque ve a los ciudadanos ahí, pendientes de qué está pasando con esta ley. En un principio, la posición hacia ellos era incluso de desprecio. Hoy, hay más gente joven en las sociedades de gestión colectiva y, si bien las posturas aún siguen fuertemente en oposición, hay una voluntad de diálogo”, dice Sánchez.
Además de hundir la ley, el Congreso mexicano le recomendó al presidente que no firmara el ACTA (un tratado multilateral que establece estándares para el manejo internacional de la propiedad intelectual, cuyos mayores auspiciadores son Estados Unidos y Japón).
Al igual que Colombia, Chile arrancó la discusión de la reforma a la propiedad intelectual con el aliento del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos sobre la nuca. A diferencia de Colombia, Chile gastó tres años de arduas discusiones para llegar al texto final de la ley: tres años de viajes por todo el país explicándole a la gente qué iba a pasar con la red una vez fuera firmada la iniciativa; tres años de escuchar, reflexionar y firmar.
Y es que si hay algo para aprender de la experiencia chilena es que la paciencia y el diálogo rinden frutos; que la movilización ciudadana hecha de la forma correcta puede ser un arma poderosa. Hoy en día, Chile es el único país en el continente que ha aprobado una reforma a la propiedad intelectual en la red y que, con ciertos corolarios y altibajos, contempla ambos lados de la historia: el modelo de negocios de la industria y todo lo demás. “Logramos conseguir que la nueva ley no sólo estuviera a favor de los intereses corporativos, sino que protegiera el dominio público, las bibliotecas y el acceso a la información”, dice Claudio Ruiz, director de la ONG Derechos Digitales, líder de Creative Commons en ese país y una de las personas que estuvo al frente de la discusión del lado de la sociedad civil.
Como en tantos otros casos, incluido el escenario colombiano, los contradictores de las sociedades de gestión colectiva (que agrupan y representan los intereses de autores e industria) reconocían que había un vacío legislativo en el campo de los derechos de autor en internet, pero que llenarlo con la premura de la agenda comercial bilateral como principal motor era, no sólo un error, sino una posibilidad que seriamente amenazaría algunos derechos colectivos de todo un país. Ruiz lo dice así: “Nosotros no queríamos defender un modelo de negocio ni un sistema para mantener privilegios del mercado, sino tener una mejor ley de propiedad intelectual. Una ley que no equilibre los dos puntos de vista es simplemente una mala ley”.
Una de las grandes peleas en el debate, al igual que sucede en Colombia, fue establecer cómo se iban a retirar de la red los contenidos que infringen el derecho de autor. En este punto, a diferencia de nuestro país, los chilenos decidieron que si era la ley la encargada de decidir cómo se efectuaba el procedimiento, entonces éste tenía que ser legal, con la participación de un juez desde el principio.
El debate chileno acerca de los derechos de autor en la red incluyó una gran participación de la ciudadanía en el mundo real. Y es que si hay algo común a todas las discusiones acerca de la web es que suelen ser conversaciones hechas para iniciados. Los chilenos lograron que la presión en las redes sociales, el amplio descontento virtual, llegara hasta los legisladores, se hiciera tangible e influyera en la decisión final: “La estrategia no fue que la discusión se hiciera en internet (aunque creamos un sitio web), sino llevar la charla que teníamos con nuestros amigos sobre este tema hacia nuestros padres, hacia la mesa del domingo, y al final hacia el Congreso”, sentencia Ruiz.
Brasil, entre la reforma y la contrarreforma
Lo más extraño es que la primera iniciativa para reformar la legislación sobre derecho de autor fue una propuesta emanada del gobierno, del Ministerio de Cultura de Brasil. Lo más extraño es que era una buena idea.
Fue Gilberto Gil, el famoso cantante, el legendario autor, quien desde su puesto como ministro de Cultura comenzó a impulsar una reforma a la propiedad intelectual brasileña en la red, que no se había modificado desde 1998 y que, entre otras varias cosas, no permitía hacer una copia privada, de uso personal, de un disco o un libro; un país con 190 millones de piratas.
Los brasileños se tomaron cuatro años de seminarios, foros, websites, mesas redondas, debates y conversaciones para construir un borrador de ley que incluía mayores excepciones y limitaciones al derecho de autor, en pro de los intereses colectivos. En el camino, el Ministerio de Cultura adoptó a Creative Commons como la forma oficial de licenciamiento de los trabajos de esta cartera, entre otras disposiciones.
Pero el calendario aceleró el paso y el tiempo de Lula como presidente de Brasil, además del de Gil como ministro, se acabó. Dilma Rousseff asumió como presidenta y en la cartera de Cultura nombró a Ana de Hollanda, también cantante y hermana de Chico Buarque, artista, ícono.
Una de las primeras disposiciones de la nueva ministra fue asumir que después de cuatro años de discusión la voz de los autores no estaba representada en el proyecto y que, por lo tanto, había que frenarlo. En reemplazo del debate abierto, tanto cara a cara como virtual, el Ministerio emitió una serie de formularios para recibir las opiniones acerca del nuevo borrador de la ley, además de habilitar un correo electrónico para el mismo fin. Para algunos, como Carlos Affonso Pereira, coordinador del Centro de Tecnología y Sociedad de la Fundación Getulio Vargas, el proyecto de la hermana de Chico Buarque es una contrarreforma.
Hoy, el proyecto aún mantiene algunas disposiciones ideadas por Gil, pero incluyó un escenario curioso en cuanto al mecanismo para descargar de la red contenido que viole derechos de autor. En Brasil, al menos en el borrador de la ley, puede ser una ISP (empresa prestadora del servicio de internet) o un juez quien dé la orden: no es ni enteramente privado, ni enteramente judicial, sino una suerte de medio, de medio directo a la confusión. La contrarreforma brasileña hará su trámite en el Congreso, aproximadamente, el próximo mes.
“Muchas personas dicen que hay una crisis en la música y la literatura. Es importante no confundir la crisis en los modelos de negocios y las formas de producción de contenido. La música y la literatura están muy bien, pero están cambiando las formas de distribución. Hay que comprender que los derechos de autor no siempre necesitan una autorización y que las demandas por acceso a la educación también están mutando y así mismo lo debería hacer la legislación, que debe combatir los abusos, tanto de autor, como de usuario”, sentencia Pereira.
México, el camino de la no aprobación
“La pelea por los derechos de autor en internet es también una pelea por nuestros derechos fundamentales”. León Felipe Sánchez es académico de la facultad de derecho de la Universidad Autónoma de México y una de las personas que logró que el Congreso mexicano le dijera no a la modificación de la ley de derechos de autor en ese país.
El proceso en México, a diferencia de Brasil y Chile, fue exprés. En cuestión de días, el proyecto de ley fue presentado y, así mismo, en cuestión de días recibió un no por parte de los legisladores. ¿Por qué?
La ley mexicana establecía cosas como que todos los dispositivos que fueran capaces de almacenar obras protegidas por derecho de autor pagaran una suerte de tasa extra, una especie de compensación a la industria. Esto incluye teléfonos celulares, cámaras, computadores. Pero, ¿todo aquel que compra una memoria USB va a violar inexorablemente el derecho de autor?
Mediante una convocatoria masiva, los mexicanos llegaron en tres ocasiones al Congreso para protestar, no sólo por las propuestas de la ley, sino porque ésta fue construida en secreto; el diputado autor del proyecto es un empleado de una sociedad de gestión colectiva. La pelea de la ciudadanía se dio en línea, pero también en vivo y sus demandas tocaron de tal forma a los legisladores, que la iniciativa se hundió sin remedio.
“La industria está preocupada porque ve a los ciudadanos ahí, pendientes de qué está pasando con esta ley. En un principio, la posición hacia ellos era incluso de desprecio. Hoy, hay más gente joven en las sociedades de gestión colectiva y, si bien las posturas aún siguen fuertemente en oposición, hay una voluntad de diálogo”, dice Sánchez.
Además de hundir la ley, el Congreso mexicano le recomendó al presidente que no firmara el ACTA (un tratado multilateral que establece estándares para el manejo internacional de la propiedad intelectual, cuyos mayores auspiciadores son Estados Unidos y Japón).
CAMPUS PARTY HABLA DE LA LEY LLERAS
Carlos Affonso Pereira es uno de los invitados internacionales a Campus Party 2011, que arranca hoy en Bogotá, para discutir temas de propiedad intelectual y derechos de autor en internet. Este brasileño es coordinador del Centro de Tecnología y Sociedad de la Fundación Getulio Vargas, ubicada en Río de Janeiro. Pereira es doctor y máster en derecho civil y ha estado involucrado en proyectos que giran en torno de los derechos de autor en la red, como Creative Commons Brasil.
Estará hablando de social media y revoluciones sociales, además de cómo se construye colectivamente la legislación brasileña sobre derechos de autor.
Estará hablando de social media y revoluciones sociales, además de cómo se construye colectivamente la legislación brasileña sobre derechos de autor.
Artículo publicado el día 26 de Junio de 2011 en el Diario Colombiano ![]()
en su edición Digital.
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